El pasado día 21 de junio contamos cómo el jefe de la MINUSMA había presentado su informe sobre Mali ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El mandato de la fuerza multinacional MINUSMA acaba oficialmente el próximo 30 de junio, por lo que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha de tomar una decisión sobre su renovación. En el informe presentado en la sede de Naciones Unidas se hacía mención expresa de la matanza de civiles sucedida en Moura en marzo de 2022 y se mencionaba expresamente que había sido obra del ejército maliense y sus aliados de un país extranjero. La respuesta del ministro de Asuntos Exteriores de Mali, Abdoulaye Diop, fue manifestar el malestar del gobierno de Mali con la MINUSMA y pedir su salida “sin retraso” (“sans délai”) del país.
La “crisis de confianza” entre el gobierno de Mali y la MINUSMA que el ministro Diop mencionó en su discurso en Naciones Unidas no es producto únicamente del malestar maliense por la acusación vertida en el informe. Se trata de un proceso de deterioro de relaciones prolongado en el tiempo. Por un lado, tenemos la naturaleza no democrática del gobierno de Bamako, que ha puesto a la comunidad internacional ante el dilema de cooperar y por tanto legitimar una junta militar. Y por otro lado tenemos la percepción maliense de que una década después del despliegue de fuerzas internacionales en el país la violencia yihadista no sólo se ha cronificado sino que se ha intensificado y expandido.
La actual situación abre la posibilidad de varios escenarios. Podría suceder que la MINUSMA se retire de Mali, dejando un peligroso precedente de que una fuerza de paz de Naciones Unidas sea obligada a abandonar un país donde se han estado produciendo matanzas de civiles. También es posible que Naciones Unidas apruebe una extensión del mandato de la MINUSMA, lo que supondría un abierto desafío a la junta militar, que pasaría a ser tratada como un mero gobierno de facto. En cualquier caso, habrá que estar pendiente del papel que juegue Rusia, ya que es un país aliado clave de la junta militar de Mali (véase anteriormente en OSINT Sahel un repaso a las aeronaves militares entregadas por Rusia a Mali), ya que recordemos que Rusia es miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con derecho a veto.
La crisis abierta entre Mali y la MINUSMA no sólo tendría repercusiones sobre el terreno porque supondría eliminar una molesta presencia de testigos internacionales, que ya han puesto en entredicho los métodos empleados por el ejército de Mali en su guerra contra las insurgencias yihadistas, sino que pone en entredichos ciertos consensos sobre los que se construyó la paz entre el gobierno y los rebeldes separatistas tuareg del norte del país.
Esos grupos separatistas, encuadrados en el Marco Estratégico Permanente por la Paz, la Seguridad y el Desarrollo (CSP-PSD por sus siglas en francés), ya habían mostrado su rechazo al referéndum constitucional celebrado el domingo 18 de junio en Mali, contra el que habían promovido un boicot y en torno al cual habían denunciado fraude. Lo consideran contrario al Acuerdo de Argel de 2015 que puso fin a las hostilidades contra el gobierno.
La petición a Naciones Unidas que la fuerza MINUSMA abandone el país ha dejado al CSP-PSD “consternado”, según se dice en el comunicado publicado el 21 de junio, donde se menciona la preocupación por el impacto que tendría la marcha de los cascos azules para la población afectada por “el terrorismo y el subdesarrollo”. Y donde se dice que la marcha de la MINUSMA sería un “golpe fatal” para el Acuerdo de Argel de 2015.
