La expansión del yihadismo saheliano hacia el golfo de Guinea ha dejado de ser una advertencia de los analistas para convertirse en un problema diario para Ghana, Togo y Benín. Los tres países comparten frontera con Burkina Faso, epicentro de la actividad del Jama’at Nusrat al Islam wal Muslimin (JNIM), la filial de Al Qaeda en el Sahel, y los tres han articulado una respuesta distinta ante la amenaza. Ghana ha apostado por un aparato de seguridad forjado en décadas de conflictos internos en su norte, Togo con los resortes de control de un Estado autoritario y Benín con una operación militar desplegada cuando la amenaza ya estaba asentada.
La experiencia de Mali, Burkina Faso y Níger permite evaluar esas respuestas con un criterio claro. Allí, los ejércitos no perdieron terreno por falta de medios, sino por su incapacidad a la hora de adaptarse a un adversario que modifica sin cesar sus tácticas, su armamento y su relación con la población civil. Y adaptarse exige tres cosas: leer correctamente al enemigo, reajustar los instrumentos en función de lo que se lee y sostener ese reajuste en el tiempo. Una respuesta que funciona hoy puede quedar obsoleta en meses. Con esa vara de medir se analizan aquí los tres casos.
Ghana, las estructuras que hay que adaptar
Exhibición de la brigada de operaciones especiales del ejército (ASOB) de Ghana durante una ceremonia de graduación. Foto: Fuerzas Armadas de Ghana.
Ghana es el país que llegó mejor preparado a la amenaza. Su sistema político, con sus deficiencias, resiste la comparación regional: el índice de democracia de The Economist le otorgaba en 2024 una puntuación de 6,24 sobre 10, frente al 2,99 de Togo y el 2,55 de Burkina Faso. Aunque esa estabilidad institucional convive con un norte que lleva décadas generando conflictividad. Las disputas por las jefaturas tradicionales, como la que enfrenta a los kusasi y los mamprusi en la zona de Bawku, acumulan más de 300 víctimas desde 2021, y a ellas se suman la minería ilegal y el contrabando, concentrados en unas regiones septentrionales que abarcan buena parte del territorio nacional.
Esa conflictividad crónica ha dotado al Estado de un aparato de seguridad y mediación ya rodado, transferible en buena medida a la lucha antiterrorista. Accra ha reforzado además su dispositivo militar: desde 2020 ha desplegado una red de bases operativas avanzadas a lo largo de la frontera con Burkina, las últimas activadas en febrero de 2026 en Jirapa y Hamile, y en marzo firmó con la Unión Europea una asociación de seguridad y defensa, la primera del bloque con un país africano.
Kaja Kallas, Alta Representante de la UE, con Naana Jane Opoku-Agyemang, vicepresidente de Ghana. Foto vía europa.eu
Pero la vulnerabilidad ghanesa no está en la frontera… sino en las fracturas internas que el JNIM sabe explotar muy bien. La más sensible es la que afecta a los fulani ghaneses. Desde 2019 son objeto de secuestros perpetrados por fulani procedentes de Nigeria, y desde 2021 el fenómeno ha alcanzado niveles que las comunidades califican de insostenibles. Denuncian que el Estado delega en exceso la liberación de rehenes en mediadores de la propia comunidad y que la impunidad es la norma: los secuestradores regresan a la calle en poco tiempo.
Yahaya Mohammed, activista fulani del norte, sostiene que secuestrar a un fulani no acarrea las mismas consecuencias penales que secuestrar a cualquier otro ghanés. A ello se suma la estigmatización en los controles policiales, donde los separan del resto de pasajeros para registrarlos como si fueran extranjeros y les hace sentir todavía más estigmatizados por su propio Gobierno.
Y ese agravio es precisamente el vector de reclutamiento que busca el JNIM. Un informe del instituto neerlandés Clingendael de 2024 documentaba sus intentos de explotar la discriminación de los fulani ghaneses, y testimonios locales y fuentes europeas confirman que hay jóvenes ghaneses (sobre todo de origen fulani) cruzando a Burkina para unirse a sus filas. Que Ghana no haya sufrido aún un atentado, por tanto, no es prueba de su solidez, dado que el mismo informe responde que se debe a un cálculo del propio grupo terrorista, que se mueve interesado en preservar el norte de Ghana como espacio de abastecimiento y repliegue.
Desde el prisma de la adaptación, Ghana tiene la capacidad instalada, pero no ha completado la lectura del adversario, porque JNIM no avanza solo con fusiles. En el Sahel se implanta ofreciendo justicia, arbitraje y protección allí donde el Estado ha fallado. Accra ha reajustado su dispositivo militar, pero no su respuesta al agravio social que alimenta el reclutamiento. Mientras la prevención del descontento fulani no reciba la misma prioridad que la fortificación de la frontera, la adaptación ghanesa seguirá incompleta.
Togo, el control como respuesta
Blindados rusos GAZ Tigr-M en el desfile del día de la independencia de Togo, el 27 de abril de 2026. Imagen vía Thomas Nachtrab en x.com
Togo opera con una lógica distinta. La familia Gnassingbé gobierna el país desde 1967, y un régimen autoritario de esa duración dispone de mecanismos de control social que resultan lesivos para los derechos humanos, pero que en materia de seguridad le ahorran parte del trabajo. Lomé los ha activado de forma sistemática. La región de Savanes, fronteriza con Burkina, permanece bajo estado de urgencia de seguridad desde junio de 2022, prorrogado anualmente y actualmente vigente hasta marzo de 2027. El régimen de excepción habilita controles de identidad, arrestos domiciliarios y prohibición de reuniones. La región está sembrada de puestos de control y cualquier extranjero necesita una autorización escrita del Ministerio de los Ejércitos para desplazarse por ella, con independencia de su visado. El contraste con el norte de Ghana, donde la circulación es libre, ilustra dos filosofías opuestas.
El control se extiende también al relato. La autoridad audiovisual togolesa ha prohibido expresamente a los periodistas informar de ataques o bajas para no minar la moral de las tropas. No fue hasta 2023, en su primera entrevista desde que asumió el poder en 2005, cuando Faure Gnassingbé reconoció unos 40 militares y un centenar de civiles muertos, pero defendió el silencio oficial alegando que proclamar una muerte tiene algo de “indecente”.
En julio de 2025, el ministro de Exteriores, Robert Dussey, admitió 15 ataques en el primer semestre, con un saldo de 54 civiles y 8 soldados muertos; ese año marcó el pico de violencia desde el inicio de las incursiones. La oposición denuncia además el coste social del estado de urgencia, que se refleja en el desabastecimiento de carburante, la paralización agrícola, el éxodo de jóvenes hacia las minas de oro de países vecinos y el elevado abandono escolar.
Material capturado por JNIM al ejército de Togo. Se aprecian los fusiles de asalto VHS de origen croata. Imagen vía Paweł Wójcik en X.com.
Pero Lomé cuenta con un activo diplomático del que carecen sus vecinos. Este sería su proximidad a la Alianza de Estados del Sahel. Mantuvo relaciones fluidas con las juntas de Mali, Burkina y Níger cuando el resto de la región las aislaba, y Dussey llegó a plantear la adhesión a la Alianza como vía para lograr una cooperación militar más ágil e inteligencia compartida.
En abril de 2026, el capitán Ibrahim Traoré calificó a Togo de «país hermano» y, según el Timbuktu Institute, la coordinación entre ambos ejércitos se ha descentralizado, con decisiones tácticas sobre el terreno en operaciones aéreas e intercambio de inteligencia.
Cabe plantear ahora una hipótesis. En 2025, según el Índice Global de Terrorismo, las muertes por terrorismo en Burkina descendieron un 45%, y este fue el mismo año en que Togo registró su peor balance. La presión del ejército burkinés podría estar desplazando combatientes hacia el sur, aunque la opacidad informativa a ambos lados de la frontera impide confirmarlo.
En términos de adaptación, Togo ha reaccionado con rapidez y contundencia, pero su respuesta es esencialmente estática: militarizar, controlar y silenciar. El adversario, en cambio, siempre evoluciona. El JNIM empezó a emplear drones comerciales cargados de explosivos en 2023 y desde entonces suma más de 30 ataques confirmados con esta técnica; en abril de 2025, uno de ellos mató a cinco soldados en territorio togolés. La lección es clara, porque un dispositivo diseñado para impedir el paso de hombres por tierra no basta frente a un enemigo que ya ataca desde el aire. La ventaja de Lomé y su coordinación con Burkina, solo serán decisivas si se traduce en una revisión constante de su dispositivo al ritmo de lo que ocurra al otro lado de la frontera.
Benín, la operación que llegó tarde
Blindados CSK-131 Dongfeng de origen chino y VAB de origen francés del ejército de Benín. Imagen vía «Hammer of War» en X.com
Benín ocupa la posición geográfica más comprometida de los tres. Limita al norte con Burkina Faso y Níger, al este con Nigeria y al oeste con Togo, y la amenaza le llega por dos frentes. El primero es el norte, donde los parques de W y Pendjari funcionaron desde 2019 como retaguardia de los grupos yihadistas que operaban en Burkina. El problema de base viene con que Cotonú no reaccionó hasta que se registró el primer ataque contra sus fuerzas, en noviembre de 2021.
En enero de 2022 lanzó la operación Mirador con 3.000 efectivos, a los que siguieron otros 5.000 reclutas. Este patrón de acción tardía recuerda a Mali, donde los grupos procedentes de Argelia dispusieron durante años de un santuario tolerado por Bamako antes de volverse contra el propio Estado anfitrión, que no reaccionó hasta que era demasiado tarde para contener la amenaza.
Mirador no ha logrado contener la amenaza. En enero de 2025, 28 soldados murieron en el Point Triple, una de las posiciones más fortificadas del dispositivo, dotada incluso de un dron de observación. En abril, el JNIM mató a 54 militares en el parque W, la mayor pérdida sufrida por el ejército beninés en toda su historia, aunque el gobierno cifró inicialmente las bajas en ocho.
#Benin 🇧🇯: Al-Qaeda in #Sahel (#JNIM) raided Beninese Army barracks and captured numerous materials. Notably, militants seemingly seized a #USA-made 🇺🇸 M113 APC (Armored Personnel Carrier) as well.
— War Noir (@war_noir) March 24, 2026
En marzo de 2026 cayeron otros 15 efectivos en Kofouno. El grupo ejerce hoy un control total sobre partes enteras de W y Pendjari, y Naciones Unidas informó recientemente de que ha nombrado un emir para Benín. Es el único de los tres países que cita este artículo con presencia yihadista permanente en su territorio.
El segundo frente que se debe valorar se encuentra en el noreste, en la frontera con Nigeria, fuera del radio de acción de Mirador. En Kalalé, los gendarmes permanecen replegados en sus puestos del casco urbano, mientras la presencia militar es prácticamente inexistente en las carreteras por las que se mueven los atacantes. La protección de las comunidades recae en cazadores reconvertidos en milicianos, con armas de fabricación artesanal y fusiles obsoletos.
En la localidad de Danganzi, los vecinos describen un patrón letal que se repite, donde un grupo armado irrumpe al grito de «Allahu Akbar» cada dos o tres semanas, mata a entre una y tres personas y se retira. No roba ni secuestra, lo que descarta la lógica económica del bandidaje. Uno de los cazadores lo resumía diciendo que ni siquiera roban vacas.
Nadie ha identificado al enemigo en este caso. La prensa local habla de bandidaje, el think tank Clingendael apunta a un grupo nigeriano desplazado por las operaciones militares en torno al lago Kainji, la Iglesia ofrece su propia versión al vincularlos con Boko Haram y cada vecino aporta una distinta: fulani, bandidos, terroristas. La identificación del adversario es responsabilidad del Estado, y en el noreste beninés esa tarea sigue pendiente. Lo que sí existe es voluntad de impedir que se informe. Este periodista fue detenido en la zona pese a contar con acreditación, acusado de espionaje y expulsado finalmente del país. Las religiosas del colegio Mater Salvatoris de Kalalé, de origen español, ya habían abandonado la localidad por la inseguridad. Entretanto, y pese a que el gobierno anunció en marzo de 2026 operaciones conjuntas con Nigeria, la presencia de las fuerzas de seguridad nigerianas en estas carreteras no resulta visible.
La respuesta beninesa adolece de cierto infantilismo institucional: se diseña una operación, se presenta como la solución y se gestiona su imagen en lugar de sus resultados. Pero la comunicación no sustituye a la eficacia, e incluso un poco probable éxito de Mirador en el norte dejaría abierto el flanco nororiental. Solo el fallido intento de golpe de diciembre de 2025 (que varios analistas vincularon en parte al malestar militar por la inseguridad) y la llegada de Romuald Wadagni a la presidencia en mayo de 2026, quizás abran una ventana para corregir el rumbo.
Benín es el caso ideal en que la adaptación está ausente. No se leyó a tiempo la amenaza, no se ha reajustado un dispositivo que continúa acumulando pérdidas récord y no se ha extendido su respuesta al frente que se abre en el noreste. Mientras el enemigo cambia de guerra, Cotonú mantiene la misma operación y el mismo relato.
Ghana, Togo y Benín parten de posiciones distintas. El primero dispone de instituciones y experiencia, el segundo de control y aliados en el Sahel, el tercero de una operación militar y un relato oficial. Ninguno de estos activos garantiza resultados, porque el JNIM ha demostrado una notable capacidad de reinvención, desde los drones y los bloqueos económicos hasta la gobernanza paralela que prospera donde el Estado se retira. La cuestión no es qué gobierno responde hoy con más fuerza, sino cuál será capaz de revisar su respuesta mañana y volver a hacerlo después. En el golfo de Guinea, como antes en el Sahel, prevalecerá quien mejor se adapte.
ALFONSO MASOLIVER
