A principios de julio de 2025 el presidente de transición de Mali, Assimi Goita, ha recibido por parte del Parlamento un mandato de cinco años más, que puede ser prorrogable sin necesidad de elecciones. La renovación de dicho mandato podría contemplarse en el año 2030, en caso de que las condiciones de seguridad en el país continúen siendo desfavorables. Esta ley también autoriza al presidente de transición, al gobierno en funciones y a los miembros del órgano legislativo a postularse como candidatos en las elecciones presidenciales y generales. El 30 de abril de ese mismo año el Diálogo Nacional, una plataforma civil pero promovida por los militares y que rechaza la oposición, proponían la permanencia de Goita en el poder y la disolución de los partidos políticos. Tras este anuncio de la permanencia en el poder de Goita la represión aumentó. Durante los primeros días de agosto de 2025 el gobierno ha realizado una serie de importantes arrestos. Entre ellas destaca al menos una veintena de detenciones a militares acusados de un “intento de desestabilización” contra el gobierno.
El general fue nombrado presidente en 2021 tras encabezar un segundo golpe de Estado contra el gobierno de transición que se había formado un año antes y del que era vicepresidente. El año pasado había prometido la vuelta a la democracia, algo que ya había prometido que se daría en 2022, pero esto no ha llegado a darse y en marzo de 2024 las elecciones fueron aplazadas indefinidamente.
El ejecutivo de transición maliense ha justificado su permanencia en el poder en la delicada situación de seguridad que vive el país. En 2020 se derrocó al gobierno de Ibrahim Boubacar Keïta alegando su incapacidad para luchar contra los diferentes grupos armados que operan en el país. La solución de los nuevos gobiernos de transición, en especial el de Goita se basa en el poder militar. La situación de seguridad con los nuevos gobiernos no sólo no ha mejorado si no que ha empeorado. El dos de julio el grupo yihadista Jama’at Nusrat al-Islam wal Muslimin (JNIM) realizó una serie de ataques simultáneos contra puestos militares malienses y que alegaba haber tomado el control de tres puestos militares. Este es el tercer ataque a gran escala que sufre el país.
El 2 de junio, militantes llevaron a cabo un ataque simultáneo contra un campamento militar y el aeropuerto de la histórica ciudad de Tombuctú, en el norte del país. Tan solo un día antes, una incursión armada en el centro del territorio había causado la muerte de al menos 30 soldados. La ruptura de los acuerdos de Argel en enero de 2024 desencadenó una lucha entre grupos separatistas, grupos yihadistas y el gobierno maliense que han provocado una gran cantidad de desplazados tanto dentro del continente como hacia fuera del mismo.
El 30 de abril de 2025, el mismo día que el Diálogo Nacional hacía públicas sus conclusiones, el gobierno maliense anunciaba en la televisión estatal la suspensión de manera indefinida de todas las actividades de partidos políticos hasta nuevo aviso alegando razones de “orden público”. La prohibición llegaba después de la convocatoria de protestas por parte de un centenar de partidos políticos en favor de la democracia. La convocatoria de protestas en favor de la democracia marca un punto de inflexión, ya que en los cinco años que Goita lleva gobernando el país nunca se habían dado. La suspensión de las actividades políticas no es una novedad ya que en abril de 2024 ya ocurrió la misma situación, junto con la prohibición a los medios de informar sobre cualquier actividad política, y no fue hasta julio de ese mismo año cuando se reanudaron.
Por el momento no se han dado noticias de la reanudación de las actividades políticas. Tras la disolución, la represión contra opositores que pedían la democracia aumentó. Human Right Watch denunció la desaparición de dos políticos, Abba Alhassane secretaro general del partido de la oposición Convergencia para el Desarrollo de Mali (CODEM) y El Bachir Thiam, líder del partido Yelema («El Cambio» en idioma bámbara), ambos líderes habían participado en las protestas.
La extensión de mandatos de Assimi Goita no es un hecho aislado ya que durante los últimos dos años ha habido reformas políticas en el país que le han consolidado cada vez más en el poder. Dentro del Gobierno de transición maliense las voces discordantes tampoco son bien recibidas. En noviembre de 2024 el gobierno destituía al primer ministro Choguel Kokalla Maiga y a todo su gabinete. El primer ministro criticó durante un discurso ante los simpatizantes del Movimiento 5 de junio-Agrupación de Fuerzas Patrióticas (M5-RFP) el aplazamiento de las elecciones y la unilateralidad en la toma de decisiones dentro del gobierno. Maiga buscaba aunar a la clase política en un diálogo común para preservar el espíritu de la transición, ya que la población ya exigía un cambio político significativo en 2020 cuando Keita fue derrocado.
Antes de ser destituido, el primer ministro había sufrido un lento pero constante desgaste de su relevancia política dentro de la transición maliense ya que había sido cesado de sus funciones como presidente del comité estratégico del Movimiento 5 de Junio (M5). Los militares en el gobierno no se sentían cómodos con las ideas de transición democrática del primer ministro y con estas declaraciones tuvieron la oportunidad de librarse de esta incómoda figura. Con la destitución del primer ministro y todo su gabinete, entre los que incluso se encontraban militares, se borró la representación civil del gobierno. El puesto de primer ministro fue ocupado por otro militar, Abdoulaye Maïga, que ya había ocupado el puesto entre agosto y diciembre de 2022. Sin embargo, la salida de Maïga del Gobierno no fue el punto final. Aunque ya no formaba parte del Ejecutivo, seguía siendo una figura de notable influencia en la vida política del país y continuó teniendo una posición muy crítica. Al mismo tiempo que se producía la oleada de detenciones a militares en agosto de 2025 el ex primer ministro también fue detenido junto con sus colaboradores acusado de malversación.
El cierre de medios de comunicación ha sido una constante durante estos años. En septiembre de 2024 la Alta Autoridad de Comunicación de Mali suspendía a TV5 Monde y La Chaîne Info por supuestas desinformaciones sobre asuntos de seguridad y a finales de ese mismo año también suspendía a la cadena Joliba TV.
Con el paso del tiempo, la posibilidad de una transición maliense bajo el gobierno de Assimi Goita se antoja cada vez más remota. El gobierno ha buscado controlar todas las formas de expresión de opinión pública y de diversidad política. Se ha amparado en la mala situación de seguridad que vive el país y que no hace más que empeorar. Sin embargo, la población que pedía un cambio en 2020 está comenzando a dar muestras cada vez más evidentes del cansancio hacia la junta militar y sus intentos de eternizarse en el poder.
